Al igual que ha ocurrido con el energético, el sector agroalimentario español precisa de una transición hacia modelos más sostenibles, saludables, ligados al territorio y a los conocimientos tradicionales. Sistemas que nos hagan más resilientes ante desafíos estructurales como los derivados del cierre del Estrecho de Ormuz. 

Fuente Original: Climática. Artículo por Alberto Sanz-Cobeña y Eduardo Aguilera.

A finales del pasado mes de marzo, las personas asesinadas en los ataques a Irán eran más de 2.000, según datos de la Cruz Roja. Si bien este es el mayor drama que deja el conflicto en la zona tras los ataques de Estados Unidos, los ecos del impacto económico nos llegan aquí, como casi siempre (y por desgracia), más nítidamente que los gritos de dolor y rabia de las víctimas en el terreno.

Los gobiernos del mundo, con especial foco en la dependiente Europa, han reaccionado para mitigar el impacto de la guerra en nuestras economías nacionales y domésticas. 

Al igual que la COVID-19, el shock derivado del casi total cierre del Estrecho de Ormuz pone de manifiesto nuestra extrema fragilidad en el marco de una economía hiperglobalizada y superconectada a escala mundo. Y, una vez más, la respuesta inmediata, acuciada por la urgencia, es de índole paliativo: inyectar recursos públicos para paliar los costes del cierre de Ormuz en nuestros bolsillos. En un primer momento, vía encarecimiento de los carburantes. A medida que transcurren las semanas de guerra y la afectación de Ormuz se constata, nuestro léxico se enriquece y aparecen nuevos términos, capitales para nuestras sociedades desde hace decenios.

El (re)descubrimiento de la urea

La urea es el fertilizante nitrogenado sintético (fabricado en instalaciones industriales) más utilizado en el mundo. Los motivos son principalmente tres: menores costes de producción que otros fertilizantes de síntesis, elevado contenido en N (un 46% de la molécula es nitrógeno) y una alta solubilidad (una vez aplicado en suelos agrícolas, se distribuye muy bien hacia las zonas en donde se encuentran las raíces de los cultivos). Como sabemos, las plantas para crecer necesitan, además de agua y luz, nutrientes. Entre ellos, el nitrógeno es capital. El uso de fertilizantes como la urea ha permitido sostener el crecimiento poblacional experimentado a escala global en el último siglo, si bien su aplicación intensiva ha supuesto una grave alteración del ciclo de este nutriente, con dramáticos impactos medioambientales y de salud pública asociados.

Dado que Qatar es uno de los principales productores de urea a nivel global y que cerca de un tercio de este fertilizante atraviesa Ormuz para su distribución, principalmente hacia el sur global, el cierre casi total de este estrecho afecta ya el suministro de este fertilizante (también otros sintéticos, tanto nitrogenados como basados en azufre) y, por lo tanto, tendrá un impacto sobre la producción agrícola en importantes regiones del planeta donde el sector primario es clave. La escasez llevará a un incremento de precios que se traducirá en inflación en nuestras economías y en imposibilidad de acceder a alimentos para la población más vulnerable, sobre todo en otras áreas del globo (con el consiguiente sufrimiento abocado a la enfermedad y muerte o a la migración forzosa). Todo ello en un contexto de cambio climático que genera ya gran estrés en la producción agrícola global.

Ante esta situación –y los riesgos para la seguridad alimentaria ya alertados por la FAO–, nuestros gobiernos, siguiendo la senda de la respuesta ante el encarecimiento de combustibles, despliegan medidas paliativas movilizando recursos públicos para que la adquisición de fertilizante y su aplicación en nuestros campos de cultivo no se vea mermada, al menos, en los inminentes cultivos de verano. De esta forma, al igual que sucedió en las semanas posteriores a la invasión de Ucrania por Rusia, el gobierno facilita la compra de fertilizantes sintéticos con subvenciones u otros incentivos.

Cabría preguntarse si esta es una forma efectiva de paliar la situación en el corto plazo o si existirían medidas alternativas. En este sentido, no parece descabellado impulsar e implementar, en colaboración estrecha con las comunidades autónomas y los colectivos de productores, un plan nacional de análisis del nitrógeno retenido en los perfiles superiores del suelo (procedente de cultivos anteriores o de la descomposición de restos de cosecha o materia orgánica, entre otros). Es muy posible que, al menos para los próximos meses, este nitrógeno retenido en el suelo pueda suplir buena parte del necesario para sortear esta primera ola de la marejada. Es una actuación más beneficiosa económicamente y enriquecedora socialmente ya que permitiría una conexión útil entre actores diversos como la academia y los usuarios finales con un fin basado en el bien común. 

Planteada esta opción de tipo paliativo, pero alternativa al fomento de la compra de fertilizantes por parte de la administración, y regresando al ejemplo de la CIVID-19, si bien las vacunas nos salvaron (y salvarán) de los estragos de la COVID-19 (y de otros virus), nuestra vulnerabilidad ante futuras pandemias no ha menguado ni lo hará hasta que la conciencia colectiva respecto a las causas principales de las zoonosis trascienda a las políticas implementadas a niveles supranacionales. De forma similar, aunque sea comprensible la actuación en el corto plazo del gobierno intentando paliar los efectos de la guerra en Irán y del ‘trombo de Ormuz’, no contribuye sino a mantener alejada de la ciudadanía una noción básica sobre nuestra situación en el mundo y las frágiles interconexiones en las que se sostiene nuestro bienestar en esta zona del planeta.

El escudo social, bienintencionado y seguramente necesario en los días inmediatamente posteriores a la crisis, opaca ese necesario flujo de información y lastra el cambio estructural necesario para construir modelos de sistemas agroalimentarios menos dependientes del exterior y más resilientes en un contexto marcado por la emergencia climática y por los continuos desafíos e inestabilidad globales.

Otro sistema agroalimentario es posible

El modelo de sistema agroalimentario dominante a nivel global –y España no es una excepción– se caracteriza por una alta deslocalización (combustibles, fertilizantes, plaguicidas o piensos viajando miles de kilómetros desde su lugar de producción hasta el lugar donde se terminan utilizando). Está deslocalización se sostiene, mayoritariamente, en el consumo de energía fósil. Se estima que el sistema agroalimentario consume en torno al 30% de la energía final a escala global, principalmente de origen fósil, y que es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Pero no solo eso. Es también un acelerador importantísimo de pérdida de biodiversidad, uso de recursos hídricos y alteración de los ciclos de nutrientes. El uso en exceso de fertilizantes como la urea (o la aplicación de estiércoles) acarrea enormes pérdidas de nitrógeno a la atmósfera, suelo o aguas. De hecho, por su naturaleza, la urea es el fertilizante sintético que mayores emisiones de amoniaco (un contaminante atmosférico de primer orden) ocasiona.

Ante esta situación, y la fragilidad que nos asola en situaciones como la actual, cabría preguntarse si sería posible impulsar, como se ha hecho en los últimos ocho años en el sector energético español, una transición estructural hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, saludables, ligados al territorio, resilientes ante cambios más o menos inesperados y basados en el diálogo entre el conocimiento científico y el tradicional. En otras palabras, impulsar sistemas basados en principios agroecológicos.

Diferentes trabajos científicos han mostrado que mediante la transición agroecológica, combinada con la recuperación de la dieta mediterránea (sobre todo reduciendo el consumo de carne y aumentando el de legumbres, fruta y verdura) y la reducción del desperdicio de alimentos es posible alimentar a la población española y europea sin importación de fertilizantes, combustibles ni piensos. Esto reduciría la dependencia de la energía fósil en más de un 90%, y tendría beneficios ambientales muy profundos (reducción de contaminación por nitratos y amoníaco, incremento de biodiversidad, neutralidad climática, consumo de agua dentro de los límites ecológicos, recuperación de la fertilidad del suelo…) pero también nutricionales y sobre el empleo. Una transición hacia un modelo ya contemplado en el informe de prospectiva España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, impulsado desde Presidencia del Gobierno en 2021.

En España, además, como palanca para la transición, contamos ya con un amplio conocimiento y aceptación social del sector de producción ecológica, con un volumen de negocio creciente en este sector, destinado principalmente a la exportación, y siendo el primer país en superficie ecológica de Europa. Los precios de los alimentos ecológicos resisten mejor las crisis energéticas porque no dependen de fertilizantes sintéticos derivados del gas: en España, durante el periodo inflacionario tras la guerra de Ucrania, los productos ecológicos subieron un 23% menos que los convencionales. No obstante, conviene señalar que producción ecológica certificada y sistemas agroecológicos no son conceptos equivalentes: la agroecología integra, además de la eliminación de insumos de síntesis, principios de justicia social, soberanía alimentaria y rediseño integral de los agroecosistemas. Ese enfoque sistémico, aplicado en los escenarios descritos arriba, conlleva una reducción del uso de energía fósil mucho mayor, y, por tanto, es esperable que la resiliencia a las subidas de precios sea también mayor.

Al igual que ocurrió en su momento con el sector energético hasta llevarnos a ser uno de los países de Europa con mayor implantación renovable, lo que nos aporta cierta capacidad de adaptarnos a la actual coyuntura global, sería necesario un impulso ambicioso en el ámbito agroalimentario. Las dificultades existen y los intereses para frenarla también, como seguramente sucede en el caso del sector energético. Pero los beneficios sociales de hacerlo superan con creces los de mantenernos en el modelo actual.

Alberto Sanz Cobeña es Catedrático de Universidad en el Departamento de Química y Tecnología de los Alimentos de la ETSIAAB (UPM) e investigador en el CEIGRAM-UPM. Eduardo Aguilera es doctor en Estudios Medioambientales por la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente es Investigador postdoctoral Ramón y Cajal en el IEGD, CSIC y miembro fundador del think tank Alimentta.