José María Sumpsi, investigador del CEIGRAM y Catedrático de la UPM, participó en la emisión de Carne Cruda en un programa con el título “El campo se harta: más allá del ruido”, en el que se han abordado temas como los reclamos de los agricultores españoles y europeos, así como los problemas que enfrentan y las soluciones de las que podrían beneficiarse. También se analizó la nueva PAC (2023-2027).
Se deberían considerar las políticas medioambientales encaminadas hacia sistemas agrarios sostenibles, como las estrategias europeas del Pacto Verde y de la Granja a la Mesa, como una defensa de la sostenibilidad agraria en el largo plazo. Además, marcos normativos que también han sido criticados en estas protestas, como la Agenda 2030, no deberían verse como una barrera a la actividad agrícola, y el debilitamiento de las medidas ambientales que se están tomando basadas en la evidencia científica, no es la solución a los desafíos que enfrenta el campo español.
Las demandas de los agricultores y ganaderos que estas semanas están protestando en toda España son heterogéneas, de la misma manera que en el campo español hay una enorme diversidad. Las principales demandas incluyen una PAC más adaptada a las necesidades de pequeños y medianos agricultores, así como la implementación de una serie de medidas para combatir la falta de relevo y la pérdida de jóvenes. En cuanto a las importaciones de alimentos, se solicita a la Unión Europea que negocie con la Organización Mundial del Comercio para establecer cláusulas espejo, es decir, que las exigencias para las importaciones de terceros países sean iguales a las locales, aunque esto será difícil de implementar.
La Unión Europea dedica un tercio de su presupuesto a la Política Agraria Común (PAC), siendo la partida presupuestaria más importante de la UE. Las ayudas de la PAC se dividen en un primer pilar con ayudas directas, que en esta nueva PAC 2023-2027 se otorgan además de por hectárea de cultivo, por volumen de producción, cultivo y rendimiento. No obstante, en el programa se ha defendido la idea de que las ayudas directas deben tener un límite máximo estricto, y que deberían dirigirse hacia pequeños y medianos agricultores, en lugar de a grandes explotaciones que, según los datos de la Red Contable Agraria Nacional, son rentables por su propia condición. Son los pequeños y medianos agricultores, quienes favorecen en mayor medida la diversidad de cultivos, quienes tendrían que percibir una mayor cantidad de estas ayudas directas, para a su vez compensar el sobreprecio que tiene producir en Europa con los requisitos ambientales y laborales que aquí se tienen que cumplir, y paliar la competencia con terceros países que, aunque produzcan con menores costes, no están subvencionados en la mayoría de casos. El segundo pilar de la PAC son las ayudas indirectas, relativas al desarrollo rural, juventud y género, modernización agraria, mejoras en la cadena alimentaria o medidas de impacto ambiental, que solamente suman un 25% del total del presupuesto en esta partida, pero son aquellas capaces de crear el tejido social que hace que el campo sea sostenible económica, social y ambientalmente.
Es cierto que la última reforma de la PAC ha reforzado criterios de sostenibilidad, pero al contrario que el Pacto Verde, no son los criterios ambientales los que le han dado forma, sino criterios de mercado. En cualquier caso, como respuesta a las protestas en Europa, la UE ha comenzado a flexibilizar la PAC y a retrasar la puesta en vigor de algunas de sus medidas de condicionalidad reforzada (normas y buenas prácticas agrarias y medioambientales).
La Ley de la Cadena Alimentaria en España es pionera y una de las más modernas de Europa, sin embargo, se ve la necesidad de dotar de mayor presupuesto y personal al Observatorio de Precios para que garantice que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria evaluando cada producto y buscando en qué punto de la cadena se están generando disrupciones.
En conclusión, el programa de Carne Cruda ha puesto de manifiesto la complejidad y la diversidad de los desafíos que enfrenta el sector agrario español y europeo. Se ha subrayado la importancia de políticas medioambientales y normativas que promuevan la sostenibilidad a largo plazo, así como la necesidad de una PAC más adaptada a las realidades de los pequeños y medianos agricultores, proponiendo una distribución más equitativa de las ayudas directas de la PAC y una mayor dotación de las ayudas indirectas. Se ha señalado también la necesidad de formación y la recuperación de la extensión agraria para garantizar un mayor acompañamiento y sensibilización de quienes trabajan en el sector primario. A pesar de los avances, queda claro que aún hay retos por superar, y es crucial que tanto la Unión Europea como los gobiernos nacionales se comprometan a abordar estas cuestiones de manera efectiva, garantizando la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector agrario.
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